Soberanía colombiana: otra crisis autoinducida.

 

La distinción entre las dimensiones abstracta y concreta de cualquier concepto, atributo, derecho o institución jurídico-política es fundamental en el debate público. Así lo demostró brillantemente Hanna Escobar en su artículo en respuesta al fetichismo jurídico de Rodrigo Uprimny en materia de derecho internacional, con ocasión de la operación militar norteamericana que extrajo al dictador narcoterrorista Nicolás Maduro.

Hoy los colombianos enfrentamos directamente un segundo escenario en el que la distinción de las facetas abstracta y concreta del concepto de “soberanía” se hace necesaria en el debate ya no solo internacional, sino nacional.  Luego de la operación militar en Venezuela, la administración Trump ha mostrado su preocupación por la producción desbordada de cocaína y ha manifestado que no descarta intervenir también en territorio colombiano en caso de que la administración Petro permanezca en una actitud pasiva y aquiescente.

La reacción de la izquierda radical y biempensante fue de manual: “esta es una cuestión que debe unir a los colombianos”, “no se trata de Petro sino de la soberanía”,  de allí saltaron al “si tocan al presidente nos tocan a todos”, el Espectador hizo uso de la sinécdoque al editorializar que “amenazar al presidente es agredir a Colombia”, e incluso blandieron el artículo 455 del código penal como arma y mordaza en contra de una congresista que dio la bienvenida a Trump. 

Pero no. No nos tocan a todos, porque nuevamente, los que creemos que sí se trata de Petro, o que incluso no vemos con malos ojos una acción militar extranjera en contra de los grupos narcoterroristas en Colombia (lo digo de frente), no estamos hablando de la misma faceta del concepto de soberanía a la que se refieren las voces del chavismo y biempensantimo colombianos. Mientras la izquierda radical y biempensante se refiere a la soberanía abstracta, los opositores nos referimos a la soberanía concreta, que ya ha sido entregada por Gustavo Petro e Iván Cepeda a los grupos narcoterroristas, y es justamente por esa razón que los EEUU amenazan con tomar acciones que afectan la apariencia de soberanía (en abstracto) que tanto le preocupa al oficialismo.

Elaboremos: Hasta el 7 de agosto de 2022 los grupos criminales estaban relativamente controlados y no dominaban grandes porciones del territorio colombiano. La gran mayoría de estos grupos se encontraban, vaya curiosidad, en Venezuela al amparo de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Luego vino la ley 2272 de 2022, mal llamada ley de “Paz total”, elaborada por Iván Cepeda y defendida por Ariel Ávila en el Congreso, la cual autorizó diálogos con grupos, bandas, estructuras y subestructuras criminales de todo tipo, con y sin “ideales políticos”, con o sin estructura de mando, en fin; otorgó el marco jurídico para suspender órdenes de captura y operaciones militares, y en general creó todos los incentivos para que dichos grupos criminales pudieran delinquir impunemente y dominar el territorios rural colombiano.

El resultado fue el previsto por quienes nos opusimos a dichas medidas: crecimiento exponencial de estas bandas criminales, salvoconductos expedidos por la fiscalía de bolsillo a favor de alias Calarcá a pesar de haber sido capturado en flagrancia, y mayor control territorial de estos grupos.

Es decir, Petro, Cepeda, Ávila y el oficialismo, entregaron la soberanía CONCRETA Y MATERIAL a las bandas criminales.

Pero como no vivimos aislados en una utopía socialista, sino que inevitablemente convivimos en el mismo planeta con otras naciones que tienen sus propios intereses, resulta que, gústenos o no, el gobierno actual de los Estados Unidos no está dispuesto a asumir la misma actitud pasiva, ni tampoco a permitir que las graves omisiones (y acciones) de Petro afecten sus intereses nacionales.  La progresía puede indignarse, saltar, apelar a la diplomacia de principios, invocar descontextualizadamente las normas y principios del derecho internacional como en el caso Maduro, pero nada de ello va a cambiar la realidad de las cosas: La administración Trump está determinada a defender sus intereses y tiene el poder fáctico para hacerlo. 

Es allí donde valdría la pena que el gobierno, opinadores y analistas añadan algo de teoría realista de las relaciones internacionales a sus discursos, por un lado, y por el otro, observen una vez más la diferencia entre soberanía en concreto y soberanía en abstracto.

Tanto el gobierno con su maquinaria de propaganda, como los analistas anclados en la corrección política, defienden una soberanía en abstracto, idealizada pero vaciada de contenido, pues el control real y material de los territorios no es ejercido por el estado colombiano desde que Petro asumió el poder, y es precisamente esa la razón por la cual los EEUU exigen acciones determinadas para corregir dicha situación. ¿Quieren que los EE.UU. no bombardeen campamentos criminales en nuestro territorio? Entonces la respuesta es muy sencilla: recuperen la soberanía concreta, real y material, que dejaron perder deliberadamente. ¿Es ruda la actitud del gobierno norteamericano? Sí. ¿Es políticamente incorrecta? También. ¿Le incomoda al petrochavismo, a sus beneficiarios armados y a su proyecto político? Sin duda, y ese es el punto principal. Que el chavismo binacional pretende instrumentalizar  el manoseado concepto de soberanía y autodeterminación, entendido de manera abstracta y acomodada a sus intereses de facción, no solo para desproteger y atacar directamente a la ciudadanía con tal de ejercer poder ilimitado sobre toda la población, sino también para desestabilizar a  la región y especialmente a los EE. UU., a quienes consideran su enemigo histórico “imperialista”. Es allí donde se cruza una línea roja frente al gobierno norteamericano y frente a quienes nos oponemos al socialismo armado y desarmado. 

Curiosamente ha sido Armando Benedetti, político curtido en las artes del pragmatismo, el que salió a distensionar el ambiente con una muestra que, aunque sea meramente retórica, tiene vetas de realismo y concreción. En un comunicado a nivel de Ministerio del Interior y de Justicia, manifestó que el Estado continuará cooperando en la lucha contra las estructuras narcoterroristas. Fácil. Sencillo. Ahora sólo falta hacerlo realidad.

De manera pues que esta es otra crisis autoinducida como la de la salud, y los únicos responsables de cualquier eventual violación de nuestra soberanía abstracta y aparente serían Gustavo Petro e Iván Cepeda, que la ha violado concreta y realmente con la ley de paz total, la liberación de los cabecillas criminales, la suspensión de órdenes de captura y de extradición, y la consecuente proliferación de grupos narcoterroristas en toda la región. Háganse cargo, porque muchos no nos vamos a oponer y hasta podríamos celebrar lo que llegare a pasar.