Auto 007 de la Corte Constitucional: Del análisis sistémico a la responsabilidad individual.

 

El reciente Auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional marca un hito en la supervisión judicial del sistema de salud en Colombia. A pesar de mis reservas habituales sobre el activismo judicial, en este caso la Sala de Seguimiento de la Corte, una creación jurisprudencial nacida de la Sentencia T-780, se ha convertido en la única instancia institucional capaz de abordar una crisis generada por la gestión del Ministerio de Salud.

Este mecanismo de seguimiento ha demostrado su utilidad y necesidad, pero los riesgos del activismo judicial siguen vigentes. La independencia actual de la Corte es una garantía, pero en caso de captura institucional por parte del petrismo o cualquier otra facción autoritaria, estos riesgos se magnificarían. Como bien dicen los norteamericanos: “Personnel is policy”, y quienes toman las decisiones determinan su curso.

Las mentiras del Minsalud expuestas:

Uno de los puntos más relevantes del Auto 007 es la manera en que la Corte desnudó la mala fe, la constante invocación de la propia culpa y las mentiras sistemáticas del Ministerio de Salud. Se escudaron en que la información proporcionada por las EPS era de mala calidad, pero la Corte les enrostró que conocen esta situación desde 2011 y no han tomado medidas para mejorarla. La Corte también determinó que existe un déficit acumulado de 15,8 billones de pesos desde 2011, sumado a un déficit adicional de 15,5 billones producto de la pandemia.

Las contradicciones del Ministerio son flagrantes: primero afirmaron ante la Corte que el COVID-19 no aumentó la frecuencia de uso del sistema de salud, pero al mismo tiempo justificaron pagos adicionales precisamente por ese aumento. Ni siquiera saben mentir sin quedar en evidencia.

De otro lado, el Ministerio de Salud excluyó datos clave de EPS como Compensar sin justificación alguna y la Corte evidenció que la siniestralidad se ha incrementado en más del 100%. También se demostró que el Ministerio ha incluido nuevos procedimientos mediante mecanismos poco transparentes, eliminando notas técnicas y fraccionando la Unidad de Pago por Capitación (UPC), afectando así la suficiencia de la UPC para cubrir gastos en salud.

Uno de los argumentos favoritos de los defensores del gobierno, el de las reservas técnicas, también se desmoronó. La Corte concluyó que estas no fueron “robadas”, sino que su disminución responde a la falta de aumento de la UPC. Además, señaló que extender el plazo para recomponerlas no es suficiente sin un incremento de la UPC.

No hay pruebas de la supuesta corrupción de las EPS.

El Ministerio de Salud ha intentado justificar su gestión con acusaciones de corrupción en las EPS, pero la Corte desmintió que existan investigaciones concluyentes. La Contraloría no tiene casos abiertos y la Fiscalía ni siquiera ha imputado cargos. Minsalud recurrió al caso de SaludCoop, pero la Corte les reprochó que no presentaran ejemplos actuales y se apoyaran en casos viejos como el de SaludCoop.

Incluso las acusaciones sobre pagos de utilidades anticipadas a socios de EPS fueron desmontadas. La Corte reconoció que estas prácticas no son ilegales y que el Ministerio no ha demostrado su impacto negativo ni ha tomado medidas para evitarlas.

La Corte también llamó la atención al Ministerio de Salud por su falta de participación efectiva con las EPS y otros actores, tratándolos como meras formalidades. Esto se ha repetido en todas las discusiones de reforma, incluyendo los sectores laboral, pensional y minero.

Lo que queda claro es que el actuar administrativo de Minsalud es un piloto de lo que pretende con la reforma legislativa: un sistema monopólico en el aseguramiento, y un monopsonio en la compra de servicios médicos a las IPS. Esto llevaría inevitablemente al arbitrio absoluto del gobierno central, que redundaría en la quiebra de las IPS que no sean de su agrado por vía del direccionamiento contractual y de los pagos, no sin antes extraer su infraestructura y conocimiento técnico.

Más allá de las conclusiones sobre el sistema, este auto debe traducirse en responsabilidades personales concretas. Funcionarios que han causado un daño que se mide en vidas deben rendir cuentas. Aquí no hablamos solo de mala gestión de la exministra Corcho y el Ministro Jaramillo, sino de posibles delitos como prevaricato en concurso con homicidio por dolo eventual. Los funcionarios sabían que sus actos administrativos eran contrarios a la ley, y sabían que producirían muertes evitables, y sin embargo decidieron emitirlos dejando al azar la concreción de muertes completamente prevenibles de no haberse desfinanciado el sistema deliberadamente.

La Corte Constitucional ha hecho su trabajo. Ahora es el turno de la justicia, los organismos de control y la sociedad, para exigir respuestas, soluciones y condenas disciplinarias, fiscales y  penales.