Se ha vuelto a destapar un escándalo sexual de la Iglesia. Bueno, no uno sino varios, pues ha sido el ex presidente del tribunal eclesiástico de Cali, Germán Robledo, quien, cansado de la indiferencia de sus superiores frente a sus reportes, decidió ventilar las denuncias que cuentan de los deslices sexuales de varios clérigos caleños. Así, la semana pasada nos dimos cuenta de que había sacerdotes con hijos, amoríos con secretarias y pago de servicios sexuales a menores de edad con las limosnas de los feligreses.
Las reacciones y propuestas, por supuesto, no se han hecho esperar. Seguramente la más pintoresca (aunque no por ello demeritada por la opinión pública) es la del congresista vallecaucano Roy Barreras. Para éste parlamentario, se hace imperiosa la necesidad de imponer la castración química a todos los sacerdotes a fin de evitar que los impulsos sexuales, que son reprimidos por el voto de celibato, se manifiesten en un futuro de manera más aguda, es decir, en forma de violaciones, pederastia, etc. En un sentido similar, aunque menos radical, se pronunció Daniel Samper Pizano en su famosa columna en el diario El Tiempo. Para Samper, el bloqueo hormonal se hace necesario aunque, reconoce, debe ser producto de la voluntad del sacerdote; no una imposición de ley.
Sin embargo, y al margen de la discusión sobre lo controvertido de la iniciativa, el proyecto de ley de Barreras se muestra, a todas luces, inconstitucional. Ciertamente, --y sin tratar de presentar un análisis constitucional riguroso -- la medida no resistiría el más mínimo escrutinio a la luz de nuestro Estatuto Político: en primer lugar por discriminatoria, pues recae sobre ciertos individuos por el simple hecho de pertenecer a una comunidad específica que comparte ciertos valores éticos y morales, y que deciden adoptar ciertas posturas con respecto a su sexualidad; segundo, por ser peligrosista, es decir, por imponer una sanción sobre un hecho que no ha ocurrido, sino que “se sospecha que puede ocurrir”; y tercero, por desproporcionada, pues no es claro que no existan otros métodos menos lesivos de los derechos a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la integridad física, para evitar los eventuales delitos sexuales que los clérigos pudieran cometer.
Pero si bien la propuesta de Roy Barreras y Daniel Samper plantea problemas constitucionales fáciles de abordar por nuestros magistrados, al mismo tiempo se presenta un dilema ético más complejo para las autoridades eclesiásticas: ¿no sería el tratamiento químico una “ayuda externa” con la cual el sacerdote logra la abstinencia que, en un principio, debía ser alcanzada por un estado espiritual y no hormonal?¿no sería más honesto, entonces, abolir el celibato?
Es por lo anterior que, haciendo una interpretación caritativa, se puede inferir que la propuesta legislativa tiene como verdadero fin cuestionar fuertemente las instituciones clericales y hacer un llamado a la Iglesia para que replantee ciertas posiciones que hoy por hoy parecen anacrónicas. Sin embargo, también parece plausible que la base de la discusión sea un mayor reproche hacia los sacerdotes por parte de la sociedad, pues éstos son íconos representativos de una moralidad ampliamente compartida y respetada, y por tanto, en la búsqueda de la incorruptibilidad de estos guías espirituales, la castración química se presenta como un castigo ejemplar, o cuando menos, como una ayuda legítima para evitar futuras faltas sexuales.
Sea cual sea la razón política de la propuesta, por ninguna vía parece ser justificable. Desde el punto de vista constitucional, es insostenible; y si fuera adoptado institucionalmente por parte de la Iglesia o voluntariamente por sus integrantes, sin duda parece hipócrita.
Seguramente es mejor no pararles tantas bolas a los sacerdotes y simplemente debemos dejar que respondan penal o civilmente como cualquier ciudadano lo haría. Elucubraciones legales adicionales, para que los sacerdotes respondan de forma más severa, no parecen plausibles. Finalmente, el reproche moral corresponde a los feligreses, y son ellos los que deben decidir si siguen compartiendo postulados que, en nuestros tiempos, parecen caerse por su propio peso.
