Recientes estudios de los economistas del banco mundial David Dollar, Craig Burnside y Paul Collier, han indicado que la ayuda financiera prestada a los países necesitados colabora efectivamente en el crecimiento y reducción de la pobreza, siempre y cuando dichos países tengan políticas económicas razonables. Adicionalmente, se indica que entre más pobre el país, mas efectiva es la ayuda para dejar atrás la pobreza.
¿Pero que ocurre en Colombia frente a esta verdad tan de a puño? Lastimosa, o quizá afortunadamente, este estudio nos sirve para entender que nuestros precarios recursos no siempre han sido focalizados de manera que produzcan un mayor crecimiento, y que hemos sido victimas de un Estado paternalista y de grupos de interés que se han apoderado de recursos que, localizados en sectores más eficientes, producirían un mayor desarrollo.
Eso es precisamente lo que vimos que ocurrió durantes las negociaciones del TLC entre el Gobierno y los sectores afectados: en vez de preguntarse como se iban a adaptar a las nuevas circunstancias de un mercado abierto a los productos norteamericanos, dichos empresarios presionaron al Estado para obtener unos subsidios que en últimas se van a malgastar, pues es claro que por más que los sectores de cereales y avicultura reciban esta ayuda económica, no pueden competir frente a los bienes estadounidenses.
Mucho se ha dicho en cuanto a mecanismos para evitar que los recursos escasos sean capturados por grupos ineficientes cercanos al poder, y generalmente son las cartas de la democracia y de la participación ciudadana las que salen a la mesa cuando se trata este tema. Se argumenta con ellas, que una mayor participación de los individuos en la planeación y en la ejecución del gasto evitaría que unos pocos tuvieran acceso a estos privilegios. Sin embargo, lo que ocurre finalmente es que esta participación por más que se procure, pocas veces resulta, ya que todos los ciudadanos pensamos que alguien hará el trabajo por nosotros, cosa que nunca pasa y por ellos se generan las consecuencias indeseables ya mencionadas.
Pero es entonces que se hace necesaria una alternativa a la participación ciudadana que como vemos, aunque es deseable, no siempre es eficaz. La respuesta se encuentra, entonces, en la mínima intervención del gobierno, pues evitando que el Estado otorgue ayudas que distorsionen el mercado, se obliga a los actores económicos a que por su propia cuenta encuentren los sectores más eficientes. Esta “política” de no intervención se ve justificada, además, porque impide comportamientos discriminatorios por parte del Estado, toda vez que cuando un gobierno decide apoyar a los empresarios de un sector de la economía, está discriminando a los demás, y no es necesariamente por atender criterios de eficiencia que generen un mayor crecimiento económico
La pregunta final que queda por responder es ¿Qué hacer entonces con esos recursos? Pues atendiendo a lo enunciado anteriormente, se deben invertir en programas no discriminatorios, que tengan un impacto sobre el grueso de la población y, a su vez, que aumenten la productividad de la misma. Los ejemplos más claros e inmediatos son los que siempre nombran nuestros políticos en campaña, pero que olvidan durante su ejercicio del poder: Salud y Educación.
