A cuatrocientos mil pesos de distancia.

Son varias las razones por las que encuentro sumamente atractivo el sector aeronáutico: Los aviones me parecen simplemente fascinantes, y aún me asomo a la cabina de mando, como si fuera un niño, cada vez que abordo un vuelo; por otro lado, soy un estudiante en una ciudad que no es mía, de manera que mi familia, novia y amigos se encuentran a 30 minutos en un DC 9; finalmente, el tema me atrae desde la perspectiva de un abogado, pues creo que el sector aeronáutico es un ejemplo bastante ilustrador sobre los efectos económicos perversos de una pésima regulación estatal.

En efecto, por cuenta de la regulación de la Aeronáutica Civil, en Colombia aún rige un sistema de control de precios sobre las tarifas que pagamos por cada tiquete de avión. Esto, dicen los burócratas, con el doble propósito de proteger al consumidor frente a las aerolíneas, y de evitar una guerra de precios entre los diferentes operadores. Así las cosas, este sistema de control de precios conocido como “libertad vigilada”, consiste en que son los mismos operadores aeronáuticos quienes le proponen a la Aerocivil las tarifas que pretenden cobrar, para que ésta última, atendiendo a los criterios ya mencionados, de su visto bueno

Pero lo cierto es que al interior de la Aerocivil no hay representación de los consumidores que se pretenden proteger. En cambio, la entidad si está sometida constantemente a las presiones de las aerolíneas que se supone están bajo su vigilancia. El resultado de estas buenas intenciones mal articuladas y de este diseño institucional, es bastante elocuente y lo padecemos todos los viajeros: El control de precios desincentiva la competencia y por eso no solo me separan 30 minutos de vuelo en un DC 9, sino que me encuentro a 400 mil pesos (U$ 200) de mi familia, mientras que en otras latitudes, en donde las tarifas no se encuentran reguladas, los usuarios pagan U$ 50 por rutas más largas y de mayor densidad de pasajeros.

De otro lado, es preciso resaltar que problema no reside exclusivamente en el control de tarifas. Las barreras de entrada legales a las que se enfrenta un operador aéreo, son también obstáculos importantes para la libre competencia y para una verdadera protección al consumidor. Este otro ejemplo es claro: 14 de las 41 rutas entre Colombia y Estados Unidos que fueron otorgadas a American Airlines, no están siendo utilizadas y tampoco han sido reasignadas a otros operadores. Todo ello, en detrimento del consumidor.

Por eso no sorprenden las declaraciones de Sebastián White, portavoz de la compañía aerea de bajo costo Jet Blue, la cual (para fortuna y alegría de los consumidores) pretende incursionar en el Mercado colombiano con un vuelo díario entre Bogotá y los Estados Unidos: “el mercado de transporte aéreo en Latinoamérica se caracteriza por su sobreprecio y su subutilización”

Lo más paradójico es que toda esta pretendida “protección al consumidor” no hace más que poner en peligro bienes mucho más importantes que el dinero de los colombianos. Sin duda, las medidas regulatorias que provocan altas tarifas, tienen como consecuencia el desplazamiento de los usuarios del transporte aéreo a otros medios de transporte menos seguros como los buses. Así, lo que antes era un problema de dinero, ahora es un problema de seguridad de los viajeros.

Todo lo anterior nos muestra que es el libre mercado y la competencia el mecanismo idóneo para proteger al consumidor frente a los precios altos. La regulación, como decía Stigler, (y de quien ya había hecho esta misma cita) en muchas ocasiones no es más que un bien de los burócratas que se vende al mejor postor.