Hace unos años nuestros políticos de turno, tanto del orden distrital como nacional, fueron permeados por las mejores intenciones: En el orden distrital, se consideró que los parqueaderos abusaban de sus clientes al cobrar una hora de servicio cuando éstos en realidad habían estacionado sus autos por unos pocos minutos. El problema era claro y la solución parecía sencilla. Se decidió, en nombre de la justicia económica y comercial, regular las tarifas de los parqueaderos para que, luego de la medida, cobraran a sus clientes por cuartos de hora. Sin embargo, lo que no previó el ente regulador fue que los establecimientos comerciales ahora debían compensar los ingresos menores que reportaban aquellos autos que, antes de la medida, pagaban la tarifa plena. Así, finalmente, la tarifa total para una hora de parqueo subió.
Mientras tanto, en el orden nacional se negociaba el TLC y la oposición se rasgaba las vestiduras por lo que consideraba sería el fin del agro colombiano. Los campesinos quedarían en la ruina y el desempleo rural aumentaría, pues, nos decían, nada podía hacer la lánguida producción colombiana contra los enormes subsidios norteamericanos. El gobierno nacional respondió entonces con su programa Agro Ingreso Seguro, unos subsidios dirigidos al sector agropecuario que tenían su justificación en los ya conocidos preceptos de redistribución de la riqueza, justicia social y, como no, en la afectación derivada del tratado comercial con Estados Unidos. Los campesinos colombianos, ahora si, serían ayudados por el gobierno, y de paso se compensaría (al menos un poco) el efecto de los subsidios estadounidenses frente a los productos nacionales.
Pasaron los años y los políticos distritales no aprendieron la lección. Resultó que ya no era suficiente discriminar las tarifas de parqueo en cuartos de hora, sino que ahora debía hacerse por minutos. Dice la sabiduría popular que al perro no lo capan dos veces, pero al parecer la primera intervención distrital no tuvo la radicalidad propia de la castración y dejó a nuestros reguladores con ganas de más. Así, hubo más regulación tarifaria y, consecuentemente, más aumentos en la tarifa total por horas. También pasaron los años y, pese a que no hay TLC, los subsidios sí se repartieron. La prensa, indignada y conmocionada, denuncia por estos días que los dineros de Agro Ingreso Seguro terminaron en manos de grandes agroindustriales, e incluso de reinas de belleza, mas no de los pobres y necesitados campesinos.
Las denuncias y diagnósticos no se hicieron esperar. De un lado, se acusa a los dueños de los parqueaderos de abusar de los vacíos legales al interpretar a su favor la ambigua reglamentación de las tarifas. De otro lado, los adalides de la moralidad pública señalan lo indecoroso de asignarle subsidos a Valery Domínguez por más que estos hayan sido otorgados legalmente. El problema, nos dicen y vuelven a decir, es la falta de moral, la anteposición de los intereses personales sobre los generales, la cultura mafiosa o el sesgo pro-ricos del gobierno. El problema, en últimas, es el de siempre, el lugar común de siempre.
Pero pocos han abordado el tema desde otro punto de vista. Lo de los parqueaderos es una muestra más de la ineficacia, la inconveniencia o, en el mejor de los casos, de los efectos inesperados de la regulación estatal. Es apenas obvio que los particulares interpretarán a su favor las normas que los regulan. De hecho, es un principio de la democracia liberal. Por lo demás, difícilmente se podía esperar que los subsidios del gobierno fueran entregados a un campesino en el Guaviare, a otro en el Cauca y a otro en Boyacá guardando con rigor los lineamientos de la justicia redistributiva. Un pequeño productor, precisamente por ser pequeño, no se entera de los programas gubernamentales. Además probablemente carece de la capacidad técnica para aprovechar al máximo los recursos. El resultado no podía ser otro; inevitablemente los subsidios llegarían a las manos de los grupos de poder cercanos al gobierno.
Y bueno, a nadie se le ocurre decir que las tarifas de los parqueaderos deben dejarse al libre mercado so pena de distorsionarlo y afectar al consumidor en vez de protegerlo; o que los subsidios como los de AIS deben ser eliminados, pues estos siempre, siempre, terminarán, o bien en manos improductivas o pagando favores electorales. Es más fácil culpar al malvado interés personal de funcionarios y particulares, que al modelo bienpensante de Estado interventor que regula torpemente y deja enormes recursos a disposición de los políticos. En últimas, proponer la eliminación de los subsidios genera el chiflido de la tribuna y quita votos al político, la denuncia moralista en cambio, por más cínica que sea, garantiza el aplauso estruendoso.
